Luisa Estella Morales propone reforma puntual del COPP
Tribunal Supremo envió a la AN proyecto de nuevo Código Penal
Esta instancia solicitará el Legislativo un crédito adicional a fin de materializar los tribunales municipales. En opinión de la jueza, el Código de Comercio debe ser eliminado para dar paso a un nuevo instrumento que rija las relaciones entre particulares y que no esté supeditado únicamente al lucro
Magistrada Luisa Estella Morales
En el despacho de la magistrada Luisa Estella Morales hay no sólo la clásica balanza de la justicia (que le debe quitar el sueño a más de una jueza o juez antes de tomar una decisión), sino un "trío de majaderos" (Simón Bolívar, Jesucristo y Don Quijote de la Mancha) hechos en barro.
Muchos libros acompañan a quien no sólo preside el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sino que tiene entre sus manos la posibilidad de cambiar el Poder Judicial.
Morales defiende la necesidad de una transformación profunda en el sector: cuestiona aspectos del Código Orgánico Procesal Penal e insiste en que se debe hacer una reforma puntual (de dos o tres artículos) por vía habilitante; considera que el Código Penal tiene que ser elaborado de nuevo, y que el Código de Comercio debe cambiar de nombre y de filosofía.
Con el Código Penal, ¿haría reformas puntuales o lo haría de nuevo? "Habría que hacerlo de nuevo", contesta la magistrada. "La propuesta del Poder Judicial venezolano es un cambio, y no lo hacemos en el aire".
Puntualizó que el TSJ ya envió a la Asamblea Nacional un proyecto de Código Penal "elaborado acá", en el que se toman en consideración delitos novedosos (como los informáticos y la estafa inmobiliaria) y se intenta responder a los cambios en la sociedad.
-¿Este proyecto sería, no por vía habilitante, sino que se haría por debate en la Asamblea Nacional?
-Esa decisión la tomaría el Presidente. Si él nos dijese que quiere hacerlo por la vía habilitante, creo que todos los órganos de justicia (no solamente el Poder Judicial, sino también el Ministerio Público, la Defensa) tendríamos que avocarnos a colaborar para que pudiese salir en un "tiempo habilitante".
Otras leyes y códigos "son totalmente arcaicos" y requieren una revisión, señala Morales. ¿Cuáles? Uno de ellos es el Código de Comercio. "Creo que en este momento es absurdo hablar de Código de Comercio. Para mí no debería existir un Código de Comercio", sino una herramienta que se llame de otra manera, porque de lo contrario se asume que la relación entre particulares se basa únicamente en el lucro. "Habría que hacerlo de nuevo, y establecer la discusión", porque "es absurdo que nos quedemos con una legislación que solamente rija la relación de bienes y servicios".
En el Código Civil hay disposiciones "absolutamente arcaicas", que deben ser modificadas, asoma. "A veces son leyes que uno examina, y se pregunta por qué se mantienen esos conceptos", sentencia.
Morales, no obstante, pone el foco en las áreas que evalúa como prioritarias. "Sabemos qué debemos hacer, pero hay que ir de una manera sistemática, y sobre todo, dando prioridad a lo más urgente. Para nosotros lo más urgente en este momento es lo penal. Tenemos que resolver los problemas de derecho penal que se confrontan en la sociedad y que confronta el Poder Judicial venezolano".
"UN APOYO NECESARIO"
El Poder Judicial ha sido pasto de la polémica opositora, en los últimos días, luego de que el Mandatario Nacional participara en la apertura del año 2012 e insistiera en la necesidad de reformar leyes y códigos.
-¿Cómo cayeron esas directrices en el Poder Judicial?
-Todos los jueces de la República aplaudieron, porque saben que lo que el Presidente estaba diciendo lo estaba afirmando con conocimiento de causa. Además, lo hizo luego de los estudios sobre el Poder Judicial, y de los cuales él es conocedor. Él conoce los problemas del Poder Judicial venezolano.
-¿Lo tomó como un reclamo del Presidente, como alguna falla en el funcionamiento del Poder Judicial?
-Al contrario. Lo tomamos, y hablo en plural porque que así lo tomaron todos los magistrados y los jueces que estuvieron presentes en esa apertura, como un apoyo necesario para el Poder Judicial. Nosotros solos no podíamos lanzarnos en una propuesta tan amplia como la que hicimos. El Presidente lo entendió así y comprendió realmente donde se hallaban las fallas y nuestras carencias. Para nosotros, jueces y juezas de la República Bolivariana de Venezuela, que se nos ayude a solventar ese tipo de problemas es algo que recibimos con alegría, con satisfacción y con mucha esperanza.
-¿Es buena vía la habilitante? ¿O debería pensarse en la vía tradicional?
-Para eso son las leyes habilitantes. Las habilitantes son para que el Jefe del Estado pueda resolver, por una vía rápida, cualquier situación como la que se nos presenta. Sería absurdo pensar nosotros, los que tenemos la posibilidad de la creación de tribunales municipales, que no pudiésemos ponerlos en funcionamiento por la reforma de dos o tres líneas del Código Orgánico Procesal Penal.
REFORMA DEL COPP
A juicio de Luisa Estella Morales, el Código Orgánico Procesal Penal no está adaptado a la realidad del país. "Recoge algunas instituciones que en otros países han sido realmente importantes, han sido útiles", pero "las leyes no pueden trasladarse de un sitio a otro". En su opinión, "se calcó un modelo" que, aun cuando es ideal de acuerdo con la doctrina, no se ajusta a Venezuela.
-¿Qué impacto ha tenido eso?
-En primer lugar, la tardanza en los procesos. Casi pudiésemos hablar de una burocracia que entorpece la actividad de los jueces, y que los jueces no pueden salirse de esas cortapisas establecidas de manera exagerada en un procedimiento penal que necesita celeridad.
Los juicios "breves y expeditos" no son lo mismo que "justicia exprés", aclaró. Muestra de ello es que, para garantizar el acceso a la justicia, desde junio de 2011 "comenzamos, con todos los jueces de la República, a recomendar una política de juzgamiento en libertad, para todos los casos de delitos menores de cinco años". Hasta la fecha, se han otorgado, con ese criterio, 7 mil medidas cautelares para cumplimiento de penas en libertad; es decir, 7 mil personas no ingresaron a las cárceles.
Con la reforma puntual del COPP "la persona no iría a la cárcel en ningún momento, sino que se presentaría ante el juez, el juez dictaría inmediatamente la medida, y la persona cumpliría en libertad la misión que se le encargue", describió.
Visto así, un joven que le haya quitado -mediante un arrebatón- el celular a un ciudadano, hará la limpieza de un área de una comunidad, participará con un consejo comunal en la construcción de una obra. Se trata de "servir a la sociedad contra la cual han actuado, pero servir con un cambio en su conducta". ¿Qué se ganará? "Va a ser una sociedad más humana", garantizó.
En los hechos, materializar este cambio implica incorporar 150 juezas y jueces municipales. "Es un número considerable", resaltó Morales. Pero también, 100 juezas y jueces más de conocimiento ordinario, para el ámbito penal. "Pudiésemos instalar 30 tribunales municipales" en el área metropolitana de Caracas.
-¿Qué van a sentir las caraqueñas y los caraqueños?
-Una disminución inmediata de los delitos contra la propiedad, delitos menores, que nosotros consideramos que pueden ser tratados por estos tribunales.
El TSJ tiene un año para materializar los tribunales municipales, y a fin de cumplir con el compromiso, elabora el crédito adicional que enviará a la Asamblea Nacional; la magistrada asoma una cifra: 140 millones de bolívares, cifra que puede variar. "El crédito adicional no va a ser para burocracia; va a ser para crear jueces, pagar jueces y establecer tribunales", prometió.
-¿Es posible descongestionar las cárceles?
-Sí, porque se continuaría, en el sistema ordinario, utilizando el criterio constitucional de juzgamiento en libertad, con medidas sustitutivas de las penas. De ese modo se estaría, en el sistema ordinario, modificando el problema de los penados.
La presidenta del TSJ es partidaria de la justicia comunitaria. Está convencida de que la Gran Misión Vivienda Venezuela, al acabar con el hacinamiento, ayudará a reducir la criminalidad. Este es, ratifica, un tema que debe ser estudiado.
PROCEDIMIENTOS "CERO PAPEL"
Uno de los cambios que se propone implementar Luisa Estella Morales es el de los juicios "cero papel", lo que la magistrada considera un paso realmente revolucionario.
"Estamos avanzando mucho más en la plataforma tecnológica, porque lo ideal es llegar al proceso cero papel: que todos los juicios sean orales y estén grabados por los medios electrónicos, de modo que no haya necesidad de retardar" el procedimiento.
Esto debe hacerse "de manera sistemática, sin afectar el funcionamiento de los tribunales", acotó.
LEY CONTRA DELINCUENCIA ORGANIZADA NO CRIMINALIZARÁ A LA OPOSICIÓN
La nueva Ley contra la Delincuencia Organizada no pretende perseguir a la oposición, recalcó la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales.
"Si se dicta una ley para combatir el delito yo nunca sentiría que es para criminalizarme a mí, o para perseguirme", respondió a la oposición. "Esas afirmaciones son subjetivas, y sin ninguna base". Consideró llamativo que "por un lado digan que la inseguridad es insoportable en el país, y por otro lado, cuando se dicta una ley para asegurar a la ciudadanía y ampliar la seguridad, se quejan".
El cambio en la normativa busca adaptar la legislación venezolana a situaciones nuevas, puntualizó. El TSJ le otorgó el carácter orgánico, y envió ayer la notificación a la AN.
A criterio de Morales, la ley no violenta la Constitución Nacional, pero hay factores que se oponen, y siempre tendrán el derecho de objetar o señalar lo que se haga. "No hay razones aparentemente, a menos que ellos tengan unas razones poderosas que todavía no han esgrimido", refutó. Tampoco se ha dicho cuáles son los artículos supuestamente violentados.
Con la ley, el país gana la posibilidad de luchar contra algunos delitos que antes "no conocíamos en el grado y la magnitud de hoy día", sostiene la magistrada. Pone el ejemplo de los secuestros, que antes eran "algo excepcional", y ahora ocurren "de manera importante".
Que el secuestro sea considerado delincuencia organizada "es muy importante", porque es un delito "que necesita de la colaboración de otras personas". Sobre el terrorismo, enfatizó que no se trata únicamente de la colocación de carros-bomba, sino de la creación de matrices que hacen que la población se aterrorice.
Morales descartó que la oficina que investigará los casos de delincuencia organizada se convierte en un organismo para la persecución.
T/ Vanessa Davies
F/ Luis Franco
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